Aurelio Cuevas
(Sociólogo)
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| Pernotando abajo del Puente de Piedra en Tlatelolco |
En
el año que inicia se han desatado muchas expectativas de más dinamismo de la
economía nacional tras una larga etapa de rezago que arranca con la crisis
financiera mundial desatada a fines de 2008. Esto coincide con la implantación
de las tan llevadas y traídas “reformas estructurales” (laboral, fiscal y
energética) por la clase gobernante como resorte básico de un crecimiento
económico que –supuestamente- traerá un bienestar general.
En
este sentido ya es una verdad a plena luz que la contracción presupuestal del
año anterior fue planeada por el régimen para inclinar la opinión pública a favor de la
aplicación de las citadas “reformas” y, de este modo, debilitar cualquier resistencia
social o política hacia ellas. Cabe decir que desde hace muchos años ha habido
dos constantes en la acción gubernamental: la depresión del poder adquisitivo
de los salarios en general y la búsqueda de nuevos mercados de exportación para
los productos nacionales.
Así,
la política económica estatal persigue favorecer a toda costa las operaciones
de las grandes empresas privadas extranjeras y nacionales, restringiendo al
mínimo –o liquidando- los derechos sociales, políticos, legales… que obstaculicen
tal meta. Al respecto la experiencia de las clases trabajadoras es que la
aplicación del tope salarial aplicado desde 1976 –último año de gobierno de
Luis Echeverría- hasta la fecha ha provocado que el salario mínimo real haya caído
¡72,8%!; tal situación es más dramática para 7 millones de trabajadores
cuyo ingreso actual es de un salario mínimo, razón por la cual tienen que restringir
sus gastos en áreas prioritarias –vivienda, transporte y vestido- haciendo a un
lado el renglón de alimentos básicos (ver artículo “Cruzada para el Hambre”,
de Magdalena Galindo en la revista Siempre!,
N° 3160, 05/01/2014).
Otra
clara ilustración de la parcialidad de las medidas del gobierno es la
limitación establecida por la “reforma fiscal” al reembolso de impuestos en
gastos de gasolina. Ahora solo podrán pedir tal devolución los causantes
(“personas físicas” o “morales”) que paguen con tarjetas de crédito o débito. Un
ejemplo más es la restricción a los usuarios de la banca de cobrar cheques de
más de $5,000 pesos, con lo que se reduce el dinero en circulación pública a
favor la primera. Estas son solo dos muestras del contubernio de los
detentadores del poder político con las instituciones financieras que operan en
el país.
La
cuestión crítica para los años venideros estriba en que la aprobación de la
(contra) “reforma energética” de fines del 2013 restringirá los ingresos de
PEMEX gravados fiscalmente, que representan el 40% de los ingresos públicos
anuales. ¿Qué ocurrirá cuando las empresas trans nacionales tengan ganancias por
explotar los recursos energéticos nacionales? Con la disminución de la renta
petrolera es lógico esperar que el Estado exprima –vía control fiscal- más los
ingresos de la clase media urbana.
La otra opción es, como ya se señaló, abrir
nuevas ventanas al comercio internacional (sobre todo a la región asiática) para
aumentar las ganancias de las grandes empresas
exportadoras establecidas en México (automotrices, autopartes, maquila
electrónica y materiales de construcción) que los empleos generados en el país por
las mismas, como demuestra la experiencia del tratado comercial con Estados
Unidos que entró en vigor en 1994. Pero es sobre todo en el campo mexicano
donde se han evidenciado más los impactos negativos de tal acuerdo: “La
concentración de la exportación e importación de bienes agroalimentarios sólo
ha beneficiado a un puñado de empresas y ha hecho quebrar decenas de miles de
explotaciones campesinas, al punto que desde el inicio del tratado se ha
perdido cerca del 20 por ciento del empleo rural.” (Ver artículo “El
campo: entre la pesadilla y el tiradero”, de Víctor M. Quintana, en La
Jornada, 17/01/2014).
En
un acto con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios efectuado a mediados de
enero del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el corazón de la
economía nacional está en los hombres de empresa. ¿Qué lugar corresponde
entonces a las decenas de millones de mexicanos que trabajan arduamente para acceder
a una mejor calidad de vida personal, familiar o comunitaria? La afirmación del
titular del Poder Ejecutivo es un fiel reflejo de un orden político que en el
largo plazo solo puede generar más injusticia y desigualdad social.
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