Aurelio Cuevas
Tras las elecciones del 1º de julio de 2018 el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró que el triunfo de López
Obrador como presidente significaba “solo un cambio de capataz de la finca pero
no de su propietario”, aludiendo a que su gobierno continuaría –al igual que
los anteriores- supeditado al capitalismo global. Pero cuando a fines de
noviembre en la consulta pública organizada por AMLO se avaló la construcción
del Tren
Maya la posición zapatista desglosó más su postura hacia este y otros planes
económicos abanderados por MORENA y su líder.
 |
| Tren Maya |
Junto con su crítica hacia el Tren Maya el movimiento
zapatista aludió a otros 3 grandes megaproyectos de inversión transnacional en el
Sureste: el Corredor Industrial y Logístico del Istmo de Tehuantepec, las extensas
áreas de explotación forestal y minera, y las Zonas Económicas Especiales donde
el “libre comercio”, una brutal explotación laboral y exenciones fiscales de
todo tipo atraerán la instalación de plantas maquiladoras en las mismas (“El
EZLN no es un grupo provocador, es una fuerza política”, de Nora Rodríguez A.,
en SIEMPRE,
13/01/2019, N° 3422, pág. 14-17 ).
De concretarse su operación el Tren Maya promoverá el
turismo internacional- o de “alto impacto ecológico”- , a costa de invadir espacios
habitados por diversas comunidades indígenas y de desplazarlas a lugares recónditos en
condiciones de mayor privación y pobreza. Tal situación se acompañará de daños inimaginables
al medio ambiente y la biodiversidad.
En síntesis, la activación de los planes gubernamentales
en la península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y una parte del estado de
Chiapas, propiciará el despojo de los recursos naturales pertenecientes a las
comunidades ejidales y pueblos originarios de tales regiones por parte de
empresas transnacionales que serán las beneficiadas reales de los megaproyectos
en cuestión.
Es necesario que el
EZLN convoque a formar una Coordinadora de Pueblos Originarios y de Comunidades
Campesinas radicadas en el Sureste para analizar
la situación expuesta y proponer acciones conjuntas para enfrentarla. Las leyes
internacionales sobre derechos de las comunidades indígenas –avaladas por el
Estado mexicano- aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo en
1989 (Ginebra, Suiza) pueden servir para instrumentar una consulta directa a
los pueblos indios del Sureste de México; en efecto tales leyes postulan la
obligación de los gobiernos nacionales de consultar a las poblaciones indígenas
sobre las medidas estatales que las afecten directamente, siendo el resultado
de dicha consulta –favorable o no a las mismas- de carácter vinculante para el gobierno. Solo conjugando
elementos domésticos e internacionales será posible que los zapatistas y otras
organizaciones populares consigan que el nuevo gobierno retire su espaldarazo a
los proyectos citados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario