Aurelio Cuevas (Sociólogo)
Como todos sabemos la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el pasado 11 de octubre ha ocasionado un gran revuelo nacional, en los planos político, laboral y legal. La opinión pública del país está bombardeada a cada instante por los medios de comunicación acerca de las bondades de tal medida: “fin de la ineficiencia, de la corrupción y de los cobros injustificados a los usuarios”. Todo lo negativo imaginable de una empresa estatal se borró de un plumazo para presentar un futuro inmediato donde todo será tejer y cantar.
Sin duda los vicios señalados a la extinta compañía estatal contribuyeron a su mal funcionamiento, pero lo que no se nos informa es que el gobierno federal aplicó una estrategia para quebrar a LyFC, en el sentido de que compraba la luz a la Comisión Federal de Electricidad a un costo superior del que la vendía a los usuarios; otro factor de peso fue que las grandes empresas en el D.F. y en el estado de México no pagaban luz en perjuicio de las finanzas de dicha empresa. Un tercer aspecto provenía de la desorbitada paga a los directivos de LyFC más que en el salario de los “privilegiados” electricistas.
A mediados de noviembre vence la fecha límite dada por el decreto de Calderón para que los integrantes del SME cobren su liquidación y “un bono extra”, siendo este último un anzuelo con el fin de fragmentar la defensa de los derechos laborales conquistados a lo largo de un siglo. La moneda está todavía está en el aire, aunque es seguro que las presiones familiares y económicas disminuyan considerablemente la afiliación efectiva del SME (que hasta antes de la liquidación ascendía a 44 mil integrantes).
La marcha de un cuarto de millón de almas por las calles de la capital el pasado 15 de octubre demostró que, a pesar de la intensa campaña realizada por televisión y radio a favor del decreto calderonista, hay una honda impopularidad contra este último. Y es que su objetivo principal es claro: la destrucción de un actor sindical favorable a la propiedad nacional de las empresas relacionadas con el petróleo y la electricidad.
El propio Calderón arguye que, a pesar de que se queden sin trabajo decenas de miles de electricistas, dicha disposición ayudará a crear cien mil nuevos empleos. ¿Cómo puede afirmarse tal cosa ante un panorama de desocupación de varios cientos de miles de personas en lo que va del año? ¿A qué “nuevos empleos” se hace referencia? ¿A los generados por las franquicias, el “autoempleo” (léase la informalidad) o los “microchangarros” del Programa de las “PyMEs”?
Un hecho es indudable: así como van las cosas nuestra sociedad, nuestra economía y nuestros valores colectivos se están haciendo polvo ante el deterioro de las condiciones de vida de la población en general. A inicios de noviembre se aprobó un incremento de impuestos en el consumo y el ingreso, sin gravar las ganancias del mundo de los negocios.
Antes de que termine el año se dará a conocer la Ley de Egresos de la Federación para el 2010, bajo ominosos presagios: recortes a la educación, a la seguridad social, a la provisión de servicios públicos como el agua... ¿Podrá la resistencia de los electricistas impulsar una vuelta de timón favorable a los intereses populares?
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