¿Laberinto? |
Aurelio Cuevas (Sociólogo)
En un espacio público de la Unidad se encuentran dos vecinas y sostienen la siguiente plática:
Vecina A - ¿Cómo han estado Ud. y su esposo?
Vecina B - Pues ahí esperando algo bueno de este año…
Vecina A - Oiga ¿Cuándo van a arreglar el piso de su departamento? …Porque el techo del mío ya está muy dañado.
Vecina B - Mire, mi esposo no tiene dinero para hacer ese arreglo… Es muy caro.
Vecina A - ¿Y no ha hablado con la Sra. K, que administra el edificio desde hace muchos años, a ver si hay algo de dinero para ver este problema?
Vecina B - Mire, la verdad le he dicho a la Sra. K que si puede aportar algo para el arreglo de mi piso, pero me respondió que no hay dinero… ni siquiera para cubrir un mínimo del gasto total.
Vecina A - Entonces, hay que esperar a que un día de estos se caiga su departamento sobre el mío.
Vecina B - Le repito que mi esposo no tiene dinero… En verdad estamos arrepentidos de haber comprado en esta Unidad… ¡Si hubiéramos sabido de la cantidad de problemas que tendríamos!
Vecina A - Pues yo nada más le recuerdo que mi techo está cada vez más dañado.
Vecina B - Mire…nosotros también tenemos un problema en el techo de nuestro baño…se trasmina agua del departamento de arriba. El vecino que vive ahí está rentando, y al dueño es difícil de localizarlo para pedirle que arregle su baño.
Vecina A - Bueno, me despido… a ver cuando su esposo puede tener dinero para arreglar su departamento antes de que se caiga el techo del mío.
Este extracto de la charla sostenida entre dos vecinas refleja situaciones muy comunes en la Unidad, donde la comunicación entre la gente está impregnada de problemas derivados del deterioro de los inmuebles a causa del desgaste de los materiales de construcción o de la infraestructura de servicios. A mi juicio cabe destacar cuatro aspectos de la conversación:
1) La carencia de instancias de información y negociación entre vecinos para resolver los daños a sus viviendas cuyo arreglo sea oneroso;
2) Ausencia de un “fondo de reserva” para cubrir los gastos en los daños que afecten áreas compartidas entre departamentos;
3) Una alta movilidad de residentes lo cual conduce, entre otras cosas, a una débil capacidad organizativa;
4) Falta de una figura administrativa eficaz que regule los derechos y obligaciones de los vecinos, y de una reglamentación respetada por los mismos. Una faceta de esto es que se vendan, renten o presten departamentos a espaldas de dicha representación vecinal.
Podrían deducirse otras cosas de la plática referida pero solo mencioné las que llamaron mi interés. Habrá quien aluda que lo señalado se resuelve aplicando la ley de condominio aprobada a inicios de este año, que precisa la estructura de la organización vecinal (la Asamblea General, el Administrador y el Comité de Vigilancia). Asimismo, dicha ley faculta a la Procuraduría Social del D.F. para que los administradores de los edificios se den de alta en dicha institución y queden así obligados a tomar talleres de capacitación para efectuar su labor.
Pero recalcamos lo dicho en ocasiones anteriores: el problema no es solo cubrir vacíos formales o reales de autoridad sino ante todo que deje de prevalecer la conducta individualista o el interés privado frente al bienestar común. Y esto solo será posible fortaleciendo los lazos de confianza e identidad entre los vecinos.
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