Linchamientos

Alejandro Mario Fonseca

25/10/2015

La semana pasada volvió a suceder, la turba enardecida cobró otras dos víctimas. Ahora fue en el municipio de Ajalpan, aquí en Puebla. Dos jóvenes encuestadores fueron detenidos por la policía tras ser acusados de intentar plagiar a una menor. Después de acreditarse como estudiantes que levantaban una encuesta sobre el consumo de tortillas, fueron puestos en libertad. Cuál será el grado de desconfianza de la comunidad en sus autoridades, que rápidamente se corrió el rumor y la multitud enardecida golpeó a los policías, quemó las patrullas y las oficinas de la alcaldía, para después matar a golpes a los jóvenes.

Linchamiento-encuestadores-puebla-secuestradores:Foto: tomada de el horizonte.mx

 Las estadísticas muestran que este tipo de violencia se ha ido exacerbando a partir de los últimos 4 años. El Estado de México y Puebla encabezan la lista de casos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La respuesta está en la ausencia de un estado de derecho y en la falta de aplicación de la justicia por parte de las autoridades: en otras palabras, casi siempre estos casos quedan impunes, lo que socava todavía más la legalidad.

La explicación que nos dan los sociólogos y psicólogos especialistas, es que a pesar de su naturaleza efímera, el linchamiento como acto violento extremo, cometido de manera extralegal confiere a todos los participantes (autores materiales, instigadores y encubridores), una complicidad reforzada por el anonimato: lo que propicia la impunidad, ya que cuando son todos, ninguno es culpable (Fuente Ovejuna).

Por otra parte, y es lo que yo quiero resaltar aquí, es la evidente falta de confianza de la población en sus autoridades. La percepción general es la de que todos son corruptos, desde el presidente municipal hasta el más humilde de los trabajadores del ayuntamiento, de allí  la necesidad de ejercer la justicia por propia mano.

Cómo han reaccionado los diferentes órdenes de gobierno ante este último caso; todos se rasgan las vestiduras, “la investigación será exhaustiva”, “todo el peso de la ley a los responsables”, “se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a suceder”, … lo de siempre. Sin embargo, quisiera resaltar la reacción que se dio en el seno del poder legislativo del estado de Puebla.En un acto inusitado y unánime, el pleno de la LIX legislatura se pronunció por “exhortar a los Ayuntamientos del estado de Puebla a elaborar un Código de ética de servidores públicos municipales, basado en principios fundamentales como transparencia, honradez y legalidad, con pleno respeto a la autonomía que les confiere el 115 constitucional”.

 Entre los argumentos que se dan para presentar la iniciativa, destacan el reconocimiento tácito de la corrupción e impunidad y la consecuente pérdida de confianza de la sociedad en su conjunto hacia sus autoridades municipales. Está bien, el reconocimiento ya es algo, en gran medida es en los municipios donde vivimos y padecemos en carne propia y día con día el deterioro moral de nuestras instituciones públicas, sin embargo la corrupción e impunidad corroen a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes del Estado. Y finalmente no es a partir de un iluso código de ética como se van a resolver los problemas, sino a partir controles externos ciudadanos, tal como está sucediendo en otros países. (Continuará)