Alejandro Mario Fonseca
El peje lagarto es un pez de raro
aspecto que debe su nombre precisamente a que su cabeza parece la de un lagarto
y su cuerpo es un pez. No
falta quien diga que es una especie de "eslabón perdido" entre peces
y saurios: realmente parece un reducto prehistórico.
Abundante en las aguas de los ríos
tabasqueños, el peje lagarto es un platillo que les gusta a todos. Su sabor,
muy agradable, le recordará ligeramente al cazón, sólo que más delicado.
Con él se pueden preparar desde una
sencilla empanada hasta una ensalada o aún mejor: el famoso chirmol, guiso
chontal que pervive hasta la actualidad con toda su autenticidad indígena, ya
que se elabora con semilla de calabaza y tortilla quemada.
El “peje” es el sobre nombre popular
de Andrés Manuel López Obrador, no podían haberle puesto un mejor apodo. Además
de ser tabasqueño y conservar un acento cantadito con jotas en lugar de eses,
él es la mejor representación viviente de un político mutante: en transición.
Rompió con el PRI y se radicalizó,
quiere ser un político de izquierda moderna, como la socialdemocracia europea,
pero no ha podido romper plenamente con las peores tradiciones dinosáuricas más
recalcitrantes del priismo: la corrupción, el populismo y las movilizaciones de
masas como instrumento legitimador.
El ex presidente Carlos Salinas pagó al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, 35 millones de pesos por los videos que comprometían a diversos ... |
Los
videoescándalos y el desafuero
Los "videoescándalos" se
dieron a conocer en marzo de 2004 cuando algunos vídeos de políticos
cercanos al “Peje” fueron tomados con cámaras ocultas y posteriormente hechos
públicos.
La mayoría de ellos implicaban a
colaboradores cercanos de López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad
de México: destacando su secretario de finanzas Gustavo Ponce y su ex-secretario
particular René Bejarano, grabados en transacciones
corruptas.
Se trató de escándalos mayúsculos.
Ponce era un jugador enviciado que en las Vegas gastaba enormes cantidades de
dinero en apuestas y en consumo de bebidas. La PGR lo acusó de usar 3 millones de dólares de los
fondos de la ciudad.
El segundo escándalo vino
cuando René Bejarano, anteriormente secretario particular
de Andrés Manuel López Obrador y más tarde diputado local, fue grabado en vídeo
aceptando 45.000 dólares en efectivo.
El vídeo fue revelado el 3 de marzo de 2004 en el programa del
payaso Brozo en Televisa. Bejarano adujo que el dinero que le dio Carlos
Ahumada (un empresario argentino que trabajaba para el gobierno del D. F.) era
una contribución para financiar la campaña política de Leticia Robles.
Televisa además exhibió otros graves
actos de Carlos Ímaz y Ramón Sosamontes que fueron junto con los anteriores la
cúspide de la descomposición ética y política del entonces partido más
importante de la izquierda
Desde luego que estos hechos aparecen
el día de hoy como pecata minuta comparándolos
con la desenfrenada corrupción que estamos viviendo en los tres órdenes de
gobierno; el problema de fondo es que el “Peje” no reaccionó con energía ni de
inmediato.
Debió de haberse distanciado rápidamente
de los escándalos y no lo hizo. Fue
demasiado cauto, y lo peor fue que adujo en ambos casos “conspiración de la
mafia en el poder” para desacreditarlo: el famoso “complot”.
El proceso de desafuero y la
legitimidad basada en las movilizaciones masivas
El cargo de jefe de gobierno, como
muchos otros cargos de elección popular en México, provee a quien lo ejerce de
inmunidad contra procesos judiciales. Esta inmunidad jurídica se conoce
popularmente como "fuero constitucional" y puede ser removida a solicitud
de una autoridad judicial y dicha solicitud debe aprobarse por el voto
mayoritario en la Cámara de Diputados.
En el 2004 la PGR, a solicitud
expresa del Poder
Judicial de la Federación, solicitó a la Cámara de
Diputados el inicio del proceso para retirar la inmunidad jurídica a Andrés
Manuel López Obrador por su presunto desacato a una orden judicial.
El hecho fue muy polémico en su
momento y provocó el enfrentamiento entre el presidente Vicente Fox y el
gobierno de la ciudad de México. A todas luces se trató de un montaje político
para impedir la candidatura del “peje” a la presidencia de la República en el
año 2006.
Y es que el pretexto para la acción
de desafuero fue ridícula. El poder judicial otorgó una "suspensión
definitiva" a favor del dueño de un predio denominado El Encino en el área
de Santa Fe, que había sido expropiado en el año 1989 por el gobierno del D. F.
La resolución obligaba al gobierno de
la ciudad a suspender la construcción de una calle de acceso a un hospital
privado sobre dicho terreno. Sin embargo el gobierno no cumplió con la
determinación de la Corte.
Entonces, buscando legitimidad, el
“Peje” organizó movilizaciones masivas en el Zócalo de la ciudad de México y
además contó con el apoyo de prácticamente todas las izquierdas; todo esto
obligó al presidente Fox y a los panistas aliados con los priistas a recular:
alegando “irregularidades” la PGR y el
Ministerio Público se desistieron del proceso y el expediente fue
cerrado.
Cómo veremos, desde entonces el
monstruo de la corrupción no ha dejado de acosar a López Obrador y su principal
defensa ha sido la movilización de masas: una combinación desafortunada, ya que
desemboca en el populismo.
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