Aurelio Cuevas (Sociólogo)
En octubre pasado se cumplió el primer aniversario del decreto calderonista que, bajo el argumento de superar la ineficiencia de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (L y F C) y fomentar el ahorro de 40 mil millones pesos del presupuesto público anual destinado a la misma; como se sabe L y F C brindó durante casi cincuenta años servicio a la capital nacional y a varias zonas circundantes.
Así, millones de usuarios y hogares consumidores de electricidad en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, pasaron de un momento a otro, sin mediar planeación alguna, a estar bajo la férula de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con varias anomalías ya conocidas: elevación injustificada de pagos, ausencia de personal para atender fallas en el suministro, apagones sorpresivos y con varios días de duración en diversas zonas, trato arbitrario en las oficinas de atención al público, etc.
Pero junto con otras cosas hay una pregunta que se hacen millones de habitantes: ¿A qué fin se destinó el mencionado “ahorro oficial” de los 40 mil millones de pesos del presupuesto anual destinado a L y F C? Pero, al parecer, el régimen no se muestra dispuesto a exponer el modo en que aplicó tales recursos.
En Tlatelolco cabe decir que, al igual que en otras partes del Área Metropolitana, las deficiencias de la operación de la CFE están a la vista. Junto con la elevación imprevista del costo de la luz doméstica se tiene el plan de introducir progresivamente los llamados medidores de prepago, o sea que se invertirá el sistema actual de cobro con uno donde se compre el derecho de servicio antes de recibirlo.
Tal “sistema innovador” está ya aplicándose en ciertos estados como Baja California, Guanajuato y Veracruz. Cabe decir que en ciertos países como Sudáfrica u otros donde se implantó ello ha ido de la mano con la privatización de la electricidad. En Gran Bretaña el sistema de prepago se aplicó por poco tiempo debido a las fallas frecuentes en los medidores. En todo caso su instalación en cualquier país significa la renuncia del Estado a su obligación de dar un servicio público fundamental a la población.
De vuelta a nuestra unidad habitacional otro retroceso es el desconocimiento del pago de prorrateo de pago de áreas comunes que diversos multifamiliares habían pactado con L y F C, lo cual representaba un avance administrativo importante en el cobro de la luz. Ahora, hay vecinos en los distintos inmuebles que amablemente dan su tiempo para recolectar cada bimestre la cuota respectiva por cada departamento. Por fortuna, al parecer en el 2010 se puso en marcha un acuerdo entre la CFE, la Procuraduría del Consumidor y la Procuraduría Social del gobierno capitalino, consistente en establecer por ley el prorrateo de pago de luz de áreas comunes en las poco más de 7 mil unidades habitacionales existentes en el D.F.
Es necesario que los residentes de la Unidad no solo estén informados sino mínimamente organizados para hacer frente a la elevación en el cobro de luz doméstica por parte de la CFE. Se debe garantizar que sea el Estado y no empresas privadas el que siga suministrando este servicio público tan fundamental para el bienestar colectivo.
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