#YaNosCansamos
Por Mónica Vázquez Delgado
@MnicaVzquez2
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| Foto: Proceso |
Mientras se estaba llevando a cabo el
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
en Michoacán; Guerrero era tema en redes sociales virtuales con la noticia
de que habían detenido estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
“Raúl Isidro Burgos”, durante un brigadeo
para su asistencia a la manifestación conmemorativa de los 46 años de la
matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
La esposa del procurador Abarca, María
de los Ángeles Pineda, se encontraba en un evento, donde discursaba las
acciones “cumplidas” en el mandato perredista. Posteriores a estos sucesos, el
tratamiento mediático fue una campaña en donde el partido del ejecutivo (PRI)
declaraba el esclarecimiento de los hechos y “sumándose” a la protesta de la
sociedad. Esto se traduce en un discurso retórico, donde aprovechando la
coyuntura, el PRI intentaba “lucirse” y “oscurecer” a su “oponente”, aun cuando
el PRD firmará el “Pacto por México”, tratado que vislumbró que en nuestro país
no había oposición política.
La estrategia priista falló cuando en
las manifestaciones convocadas por los padres de los estudiantes desaparecidos
se hizo presente el cuerpo policíaco bajo el argumento de la violencia de
“manifestantes”, sabiendo que desde el primero de diciembre de 2012 ya
conocíamos las tácticas ejecutivas de legitimar sus “leyes” y su “orden
público” al construir enemigos internos para desmovilizar, causar miedo y
provocar que la gente se quedara en casa durante las marchas.
Las dos primeras semanas de octubre se
desplegó al Ejército y La Marina para que en conjunto se buscaran a los
estudiantes. Se encontraron alrededor de 10 fosas comunes en un cerro cerca de
Iguala. El gobierno contrató a un equipo argentino de forenses, que quizá aquel
país con la lamentable experiencia que tiene, debido a todas las desapariciones
de personas en la dictadura militar de Videla.
El siete de noviembre, Pablo de Llano,
corresponsal de El País, publicó su
reportaje “El dolor que no tiene nombre”, haciendo mención a su entrevistado,
el psicólogo Carlos Beristain donde dijo: “La desaparición forzada es
probablemente la más siniestra forma de violencia. Supone una forma de tortura
psicológica para los familiares. (…) Es una situación psicológica de doble vínculo en la que cualquier
pretendida salida supone un nuevo impacto, y el paso de los días o semanas no
hace más que aumentarlo”.
Los estudiantes normalistas rurales no
estaban secuestrados pero tampoco, y hasta la fecha, se sabe si han muerto. La
desaparición forzada es un elemento de gobiernos para desestabilizar sociedades
y protestas usando como vehículo la psicología del terror, miedo e
incertidumbre.
En este artículo también se dijo que
en nuestro país existen alrededor de 30 mil desaparecidos, de los cuales,
muchos de los casos no son tratados en los medios de comunicación. Ayotzinapa
fue-es el germen de la organización y encause de la protesta social.
La militarización desde el 2007 con
Calderón causó el despojo en comunidades y lo que en palabras del periodista
Carlos Fazio un exterminio de población para
que, posterior llegara el “PRI de siempre”, lograra efectuar este paquete de contrarreformas
que incluyen la prioridad a las privatizaciones e inversión extranjeras en
ámbitos económicos como el de la educación y energética. Lo podemos
ejemplificar con el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde su
reglamento 2014 son llamados “usuarios de servicios educativos”, término
neoliberalista donde se pierde el sentido de ser estudiante por ser solo peones
laborales para un trabajo mercantilizado y competitivo, reflejado desde las
aulas.
La llegada de Peña Nieto fue con la
“limpieza mediática” hacia el Ejército y La Marina, después del perfil de
asesinos que se percibió en el sexenio calderonista, sin
embargo, en el mandato priista continuaban los argumentos de, en términos del periodista
Fazio, violencia institucionalizada. Es
decir, se seguían legitimando acciones policiacas y militares para “poner orden
público”. Tal fue el caso de Tlatlaya, lugar en el cual se ejecutaron 15
civiles a manos del Ejército, basando los homicidios en que los civiles eran
delincuentes; una vez más, construcción de enemigos, edificación del terror y
argumentos banales en materia de seguridad. Cuatro meses después, a 70
kilómetros de Tlatlaya, en Cerro de la Culebra, hubo un enfrentamiento entre
civiles y militares, por lo cual, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC)
del Estado de México y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) declararon que “repelieron la agresión”,
porque los civiles “estaban armados”, recordando la estrategia de Ordaz,
Echeverría y Cueto cuando en prensa dijeron que usaron la fuerza pública ya que
el alumnado contaba con armas: el Batallón Olimpia; militares vestidos de
civiles.
Asimismo, la política de
militarización la continua Peña Nieto, solo que con base en otros argumentos,
como el de seguridad en aranceles. El 11 de noviembre, La Jornada publicó “No amedrentan al Ejército juicios ´injustos y
erróneos: Cienfuegos”, nota que mencionaba la “Policía Militar” que tendrá su
cuartel en la zona norte: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Monterrey
para protección “fronteriza”, que se traduce en beneficiar el comercio
exterior, específicamente la de EU. Una policía con funciones militarizadas.
El acontecimiento de Ayotzinapa va
ligado con todos los anteriores: las contrarreformas, la crisis del Estado ante
la construcción de ambientes de terror y la consecuencia de organización
estudiantil que se va modificando en demandas sociales.
Hasta la fecha, las autoridades siguen
de dar un posicionamiento concreto sobre los estudiantes normalistas rurales,
la protesta ha encausado otras injusticias y la prensa internacional volteó a
ver a México, fuera de la imagen de modernización que pretendía continuar Peña
Nieto como sus antecesores.
El 27 de noviembre, Contralínea publicó “Normalistas
rurales, espiados por el FBI”, informó que “la organización estudiantil de los
normalistas rurales ha padecido el acoso de instituciones de los tres niveles
de gobierno, de partidos políticos de derecha e izquierda, de gobiernos
extranjeros y de oportunistas de todo espectro ideológico”.
Un documento enviado al entonces
director Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, señaló cómo el FBI
enviaba “invitaciones” a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
para ofertarles visitas a EU y sus instituciones educativas: un
intervencionismo ideológico.
Últimamente se publican noticias o
reportajes respecto si ¿Ayotzinapa es el germen de la organización activa? Es
el suceso que engloba el hartazgo social ante un gobierno que perdió
legitimidad y credibilidad.
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