Por Mónica Vázquez Delgado
@MnicaVzquez2
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| Peña Nieto el 27 de noviembre anuncio 10 puntos de acción que comprende el Plan de legalidad y justicia Foto: Excelsior |
El
jueves 27 de noviembre, un día después de que se cumplieran dos meses de la
desaparición de los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, Peña Nieto
anunció sus 10 estrategias por un México “pacífico” y “justo”.
El
decálogo peñanietista estaba enfocado
a temas de “seguridad” y “transparencia” administrativa (después de que se
supiera que nuestro presidente tenía una “Casa Blanca”).
Peña
mencionó que el gobierno federal debe tomar control de la seguridad en
municipios, donde su policía está liderada por grupos delictivos; redifinir la
competencia de cada autoridad en el combate al delito y la creación de policías
estatales.
El
tema de seguridad para el mandatario priista, ha sido una estrategia para poder
legitimar su violencia ejercida en represiones. Inkram Antaki, escritora siria
en su libro El manual del ciudadano
contemporáneo comenta que la violencia proviene del Estado y éste es el
“monopolio legítimo de la violencia”, es decir que los gobernantes deben hacer
uso de ésta para que sus acciones sean aprobadas.
Díaz
Ordaz, en su discurso del primero de septiembre dijo: “hemos sido tolerantes,
pero todo tiene un límite”, aludiendo a que las movilizaciones estudiantiles “alteraban
el orden público” ¿qué es el orden público para nuestras autoridades? El dos de
octubre, la violencia por parte del Batallón Olimpia, grupo paramilitar mandado
por el gobierno, fue el acto para poder “argumentar” la matanza hacia estudiantes.
Ahora,
vayamos a Ayotzinapa. En las movilizaciones sociales, desde el primero de
diciembre de 2012, los medios de comunicación han “informado” de la violencia
que se realiza en las marchas y por eso es “necesaria” el uso de la fuerza
pública y la próxima “Ley mordaza”, la cual coloca límites a la libre
manifestación: horarios y lugares específicos para movilizarse en contingente.
Además,
la quema de palacios municipales o cierre de carreteras como protesta, el
ejecutivo lo criminaliza porque eso no es “manifestación pacífica” y califica
de violencia a todos los actores involucrados. No aplaudo dichos eventos, pero
sí considero que es una forma de comunicar el hartazgo, la crisis de
credibilidad y legitimidad que tienen las instituciones en nuestro país.
Toda
la violencia que el mismo Estado construyó y generó, ahora la intenta
transformar en hechos que necesitan “argumentarse” con más violencia. Por eso,
el discurso de un decálogo, que se traduce en “la vía hacia el México de Paz y Justicia”, es referido al uso de policías dirigidos
desde el poder federal para centralizar la seguridad y estrategias.
Carlos
Fazio, periodista y autor del libro El
terrorismo mediático: la construcción social del miedo en México, comentó
que actualmente en nuestro país se originan funciones policiacas a los
militares y se militariza a la policía.
¿Redifinir a las autoridades que estén con el crimen organizado? Es solo una frase
disfrazada de eufemismo, de querer posicionar a Peña “victorioso”, ahora en la
crisis mediática en la que se halla.
La
justicia, la transparencia y los Derechos Humanos fueron el tema del discurso
de Peña Nieto, un decálogo que simula la solución, pero sí intentó e intenta
comunicar que la estrategia de seguridad es militar-policial porque al parecer también
para su gobierno “todo tiene un límite”.
Y
para la ciudadanía, Ayotzinapa encausó demandas y movilización porque el
desorden público que generaron los gobernantes es motivo para usar la
organización y fuerza social.
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