Aurelio
Cuevas (Sociólogo)
PEMEX. Fuente: David Martínez/Terra |
En un contexto de descrédito mediático –avalado por
los personeros gubernamentales- acerca de la empresa pública como modelo de
operación económica viable, se conmemora este 18 de marzo tres cuartos de siglo
de la fundación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como resultado de la
nacionalización de esa industria por el régimen de Lázaro Cárdenas. Hoy, a pesar de que México es un productor mundial muy importante
del llamado “oro negro”, los recursos generados por este patrimonio no han servido
para forjar una economía pujante ni para propiciar una mejor calidad de vida de
la población nacional.
Desde el gobierno salinista se abandonó el impulso de
la industria petroquímica para producir bienes con valor agregado: plásticos,
cosméticos, ropa, entre otras cosas, enajenando la fabricación de dichos bienes
a las empresas transnacionales. La refinación del petróleo también se ha dejado
en manos de empresas extranjeras. Asimismo, el transporte del crudo –terrestre
y marítimo- está concesionado a compañías de la misma índole.
Actualmente vivimos un momento decisivo para el futuro
de PEMEX, dado que de modo subrepticio se ha privatizado cerca del 80% de los
rubros de operación de la empresa, quedando solo bajo el control de esta la
exploración de posibles yacimientos futuros y la extracción de dicho energético
en las plataformas que funcionan en la actualidad. No obstante, según los
planes de la tecnocracia neoliberal que domina México, hasta estos dos rubros
van también a enajenarse so pretexto de que solo con “tecnología de punta”
(patentada sobre todo por firmas norteamericanas) pueden seguir los altos
niveles de producción y exportación del
crudo nacional.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene como meta
primordial liquidar por entero los restos de soberanía energética (petróleo y
electricidad) que todavía existen en México. En el caso de PEMEX su argumento
para lograr tal fin es “impulsar su viabilidad financiera”, así como elevar su
“competitividad internacional” y su “eficiencia en los estándares globales de
producción” (con el fin de vender petróleo barato hacia el coloso del Norte).
En lo más hondo del sentir nacional se considera la
expropiación petrolera ocurrida hace 75 años como un acto de justicia social solo
comparable a la exigencia popular central durante la Revolución de 1910-1921:
el reparto de tierras; pero tal acto no fue únicamente producto del patriotismo
del Presidente Cárdenas sino de la solidaridad de diversos sectores del pueblo al
llamado del gobierno para indemnizar a las empresas extranjeras. Dicha generosidad
quedó plasmada en las emotivas fotografías de mujeres entregando sus joyas personales
así como otros objetos de valor, e incluso hasta animales de granja (como
guajolotes) para cubrir los costos derivados de la medida expropiatoria.
¿Mero recuerdo de “tiempos memorables” pero que ya no se
repetirán ante los vientos privatizadores (más bien desnacionalizadores) que
soplan con fuerza en el presente? ¿Debemos creer a ciegas lo que dicen los
gobiernos neoliberales imperantes desde hace 30 años en nuestro país, con el
claro fin de justificar su abandono de los principios de soberanía nacional y
de bienestar colectivo, o bien como ciudadanos responsables realizar un reflexión
serena de que hechos como la expropiación petrolera de 1938 son los que han
dado sentido a la existencia de México como nación?
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