Aurelio Cuevas
(Sociólogo)
Desde
el comienzo del gobierno lamadridista (año 1983) se empezaron a sentir los
primeros efectos de la crisis económica que ha devastado hasta hoy a México. Desde
ese año empezó el declive en el mantenimiento de los edificios de Tlatelolco que
estaban a cargo del Fondo Nacional de Habitación Popular-a través de la
Administradora Inmobiliaria S.A.-, a la par que inició una intensa campaña institucional
a favor del régimen de condominio en la Unidad.
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| Sergio Alcázar Minero |
En
cuanto al descuido de los inmuebles a su cargo AISA arguyó que no alcanzaban
los recursos aportados por los edificios para darles una adecuada manutención (en
realidad nunca tuvo transparencia financiera). A comienzos de 1984 decidió de
modo unilateral subir en 20% la cuota de administración con el fin de “mejorar sus
servicios”. Pero el reclamo vecinal no se hizo esperar.
El
director de AISA –de apellido Camarena- se presentó enel auditorio del club
“Antonio Caso” para justificar el aumento, pero al concluir su intervención recibió
una rechifla generalizada del público que abarrotó dicho espacio. Acto seguido José
Luis Escobedo (vecino del edificio “15de septiembre”) leyó un documento que
resumió el reclamo vecinal ante la arbitrariedad de AISA, y al término de su
intervención recibió un efusivo aplauso de los asistentes.
A
partir de este momento se realizaron juntas y asambleas en diversos edificios
para separarse de la tutoría de AISA; en la medida de sus posibilidades el
Consejo de Edificios en Autoadministración (surgido 10 años atrás) trató de orientar
las acciones de quienes residían en los inmuebles no auto-administrados. Un
grupo de vecinos de la 2ª sección cercanos al abogado Sergio Alcázar, y otro
grupo allegado al Partido Socialista Unificado de México (que sustituyó al PCM
en 1982) se sumaron también al reclamo colectivo.
Un
aspecto digno de mencionar es que vecinos de la 3ª sección se involucraron en
los sucesos de este periodo: José A. Espinosa, Cuauhtémoc Abarca, José Sura,
Carlos de León, el ya citado José Luis Escobedo, y otros más (entre ellos yo).
En suma los hechos nos llevaron a fundar el Frente de Residentes de Tlatelolco (FRT), cuyo carácter plural y
horizontal se reflejó no solo en sus reuniones periódicas sino en las páginas
de su órgano de expresión escrita: Unidad Urbana, del cual salieron
varios números entre 1984 y 1985.
En
su breve tiempo de vida el FRT sostuvo
la necesidad de evitar la instauración del régimen de condominio en la Unidad y
promover la defensa del Certificado de Participación Inmobiliaria
(CPI) que poseían los compradores de un departamento;se buscaba crear
conciencia en los vecinosde su derecho de exigir al gobierno reparar los edificios
que habitaban en caso de un suceso grave: incendio,
sismos, vicios ocultos en su construcción, etc. El análisis recurrente del contenido
del CPI
fue cosa común en las reuniones del FRT y en las páginas de Unidad Urbana.
También
tocó a buena parte de los integrantes del FRT
participar en las elecciones federales de julio de 1985; José A. Espinosa fue
candidato a diputado federal por el PSUM y su campaña -realizada con recursos
modestos-se caracterizó por el trabajo colectivo, entusiasta y voluntario. Tras
los comicios -aun cuando no resultó ganador- el postulante invitó a los
participantes del FRTa una emotiva reunión
para agradecer nuestro apoyo.
En
resumen, la labor llevada a cabo por los frentistas trazó la brecha por donde,
a raíz de los sismos de mediados de septiembre de 1985, transitaría la Coordinadora de Damnificados de Tlatelolco.
A pesar de haber carecido de una sólida base organizativa y de un liderazgo bien
perfilado, el FRT trazó el programa
básico de demandas vecinales surgidas a partir de la crisis sísmica. En gran
parte el FRT delineó las bases política
y jurídica de la lucha de los residentes para exigir –y conseguir a final de
cuentas- al gobierno la reconstrucción de la Unidad tras la tragedia ocurrida
hace tres décadas.
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